Pablo Catatumbo:
Disquisiciones en torno al artículo “A medias” de Antonio Caballero.
Como a esta selva casi todo llega tarde, hace poco recibí la revista Semana del 5 de marzo de 2012 en la que el columnista Antonio Caballero plantea unas observaciones sobre la decisión de las FARC-EP de cesar las retenciones de civiles con fines financieros. Su lectura generó diversas reacciones en las tropas farianas que me acompañan, cuyas conclusiones y observaciones pretendo plasmar en esta nota, saludando y respetando, a pesar de las diferencias, la postura de Caballero, así como la de todas las diversas corrientes de opinión que han llevado a que la paz sea otra vez asunto de debate público en la Colombia de hoy, que no se resigna a ver el tema embolatado en los enormes bolsillos del Presidente.
Plantea Caballero que los militares privados de la libertad son llamados por nuestra organización prisioneros de guerra. Clarificar este punto resulta clave, pues en realidad el que denomina prisioneros de guerra a ese colectivo humano es el Derecho Internacional Humanitario, DIH, en tanto son integrantes plenos de un ejército en contienda que resultan capturados en medio de acciones bélicas. Esa denominación no es ni invento, ni capricho de nuestra organización. Lo demás, es querer tapar el sol con las manos.
La guerra es infelizmente una situación indeseable, límite, que implica la comisión de acciones incómodas, casi todas penosas y dolorosas. El DIH ha sido seguramente un intento inspirado en el altruista espíritu de civilizar y disminuir el sufrimiento implícito en estas crueles circunstancias, a pesar de las talanqueras que se le imponen a conflictos asimétricos internos como el nuestro, donde a los ejércitos insurgentes se les desconoce su carácter de parte beligerante, pero se le exige el cumplimiento estricto de todos los protocolos.
Lamentablemente se pretende de modo maniqueo que el DIH lo cumpla y aplique la insurgencia, aunque el Estado colombiano histórica y sistemáticamente viole todos y cada uno de sus protocolos. Sigue en total impunidad torturando, recurriendo al asesinato metódico de líderes sindicales y de la oposición, a la desaparición forzada y a toda clase de crímenes de lesa humanidad, como lo constatan las miles de investigaciones que hoy reposan en la Fiscalía, así como los informes de diversas ONGs, la ONU y demás organizaciones defensoras de los derechos humanos. Sobra decir que el DIH tampoco rige para que lo cumplan las grandes potencias, como los Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y países satélites como Israel o Arabia Saudita.
Coincidimos con el columnista de Semana en que la práctica del secuestro no resulta aceptada por nuestro pueblo. Y esto a pesar de lo extendida que es, como él mismo plantea. Debido al amplio rechazo al secuestro es que las FARC-EP, organización político-militar conformada por hombres y mujeres del común, y regida por un orden de dirección colectiva, iniciamos un proceso interno de discusión entre todas las comandancias y estados mayores guerrilleros sobre el tema de las retenciones. De allí surgió la decisión que todo el país conoce por la vía del comunicado mencionado.
Caballero y otros periodistas plantean un pretendido ritmo mastodóntico en nuestra toma de decisiones.
Presentamos las excusas pertinentes frente a la criticada lentitud en la toma de las decisiones al interior de nuestra organización. A diferencia del Ejército oficial, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en las FARC-EP no nos podemos dar el lujo de comunicarnos con la inmediatez de los teléfonos celulares o de las videoconferencias de las oficinas capitalinas. Para una decisión nacional requerimos de la activación de un complejo aparato conspirativo que logre burlar los muros que pretende imponernos el enemigo. Sin embargo, podemos comunicarnos, discutir colectivamente y sacar conclusiones de cara al país, como lo demuestra este mismo documento.
Volviendo al tema, quiero dejar claro que al igual que frente al punto de los prisioneros de guerra, el secuestro no es ni invento ni patrimonio exclusivo nuestro. En Colombia también secuestran la fuerza pública, los servicios de inteligencia del Estado, sus socios paramilitares, los narcotraficantes, la delincuencia común, incluida la de cuello blanco, etc. El país requiere de una justa medida sobre este tema, pues mucho se habla de él, sin objetividad, sin un real trasfondo, y de confiarse la opinión pública en las disparatadas y poco confiables estadísticas de la oenegé de extrema derecha Fundación País Libre, las conclusiones a las que se habrá de llegar serán, cuando menos, absurdas.
De nuestra parte, el país puede tener la certeza del compromiso de todos y cada uno de los integrantes del Estado Mayor Central, quienes fungiremos de veedores de la realización de lo que nos compete en cada uno de nuestros frentes y columnas, dentro de lo señalado por el comunicado que hizo público el Secretariado Nacional a principios de marzo.
En él se anuncia la derogación de lo relacionado con las retenciones financieras autorizadas por la Ley 002, promulgada por el Pleno del Estado Mayor Central del año 2000, y que no fue ningún capricho del comandante Jorge Briceño como equivocadamente señala Caballero. Nuestra guerra de resistencia, infelizmente hay que decirlo, requiere de finanzas. Las FARC-EP no podemos esperar subvenciones de organismos multilaterales ni apoyo militar de Estado alguno. Dependemos de la solidaridad de nuestro pueblo y de los internacionalistas del mundo entero, así como de nuestra propia audacia en la consecución de recursos para el cumplimiento de nuestras tareas político-militares.
Lo que me interesa destacar, y la columna de Caballero nos sirve de ejemplo, es que para algunos nada de lo que hagamos las FARC-EP va a ser de buen recibo, porque falta sindéresisoenegés y organizaciones de mujeres frente a la liberación de los prisioneros de guerra, la respuesta es que somos unos mentirosos y unos pérfidos. Si llamamos al diálogo es que estamos acorralados y al borde de la derrota o de la desaparición física. Si dirigimos exitosas acciones militares por la geografía nacional, como lo estamos haciendo, resultamos siendo unos terroristas desesperados que damos los últimos coletazos, etc.
La pregunta es, entonces, ¿qué quieren la gran prensa y el poder mediático que hagamos las guerrillas revolucionarias de Colombia? ¿Qué cometamos un acto de suicidio colectivo masivo? ¿Que simplemente desaparezcamos de la vida nacional, sin luchar por los cambios estructurales que toda Colombia reclama? ¿Que renunciemos a nuestra historia y nos transformemos en camaleónicos trepangos de la corrompida vida política del país, como ocurrió con los ultra revolucionarios de antaño, hoy correas de transmisión del sistema.
Como si el medio siglo que vamos a completar enfrentando esta guerra que nos declararon, y los cientos de miles de muertos, heridos, mutilados, desaparecidos, masacrados, desplazados, etc., de la población civil, más los que suman los ocurridos en las filas de la fuerza pública y la guerrilla, con sus consiguientes viudas, huérfanos, familiares desaparecidos y pérdida de bienes, se pudieran borrar de un solo plumazo, porque a alguien se le ocurrió que con solo entregar las armas, se resuelve todo, como si toda esta tragedia nacional hubiera sido un paseo de boysscouts. Esa visión superficial del problema, no solo carece de objetividad y de seriedad, sino que peca de irresponsable.
La guerrilla revolucionaria en Colombia se sustenta históricamente en la existencia de un régimen político oligárquico autoritario, excluyente y violento, esencialmente corrupto, profundamente antidemocrático y en un orden económico inequitativo. Régimen político que se manifiesta en la ausencia de un escenario político verdaderamente democrático y participativo. Ha de quedar claro, y no descansamos en nuestro propósito de que quede efectivamente claro, que nosotros no iniciamos esta guerra, y eso lo sabe muy bien el columnista. Por el contrario, nos vimos obligados a participar de ella como ejército de resistencia ante la agresión del Estado contra el campesinado y contra la oposición revolucionaria.
Por ello no negamos nuestra intención de alcanzar una verdadera paz, duradera y democrática. Ello no es síntoma ni de rendición ni de derrota. Insistimos en ello desde la Marquetalia heroica, insistimos en ello en La Uribe, insistimos en ello en Caracas y Tlaxcala, y volvimos a insistir en El Caguán.
Pero parece que para algunos sólo hemos sido unos mitómanos sistemáticos, unos profesionales de la mentira, como si el peso de esta guerra desigual e infame que nos ha tocado soportar y enfrentar, para nosotros solo fuera un paseo. En mi opinión, de lo único que pueden acusarnos en lo relativo a la paz, es de ser unos tercos, unos incansables proponentes de una paz con justicia social a lo que los poderosos le tienen pavor.
Esto se ha de conectar con otro debate nada descartable: ¿Cuál es el papel del periodismo en la Colombia de hoy? Nos asalta la pregunta en momentos en que vemos cómo el poder mediático azuza una nueva campaña de mentiras contra nuestra organización. Los medios nacionales registran falsedades diarias contra nosotros, sin ninguna objetividad y sin ninguna verificación. Veamos algunos ejemplos.
Los medios regionales del suroccidente registraron hace unos meses a un oficial de artillería que escondía sus tanques detrás de los bienes de civiles en Caloto, en clara infracción al DIH. Pero los violadores al derecho internacional terminamos siendo nosotros. Él, que fue dado de baja, terminó siendo un héroe, por aquello de que mientras las bombas del Ejército son humanitarias las nuestras son terroristas. Un labriego del mismo municipio resulta presuntamente obligado a poner un burro bomba, en una zona donde estos animales son una rareza, a sólo 20 metros del puesto la III División, y los responsables resultan ser misteriosamente los miembros del Sexto Frente de las FARC-EP. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y todas las emisoras acuden al testimonio de unas presuntas desmovilizadas de las FARC, desconocidas en nuestros frentes y columnas, que proceden a hablar de unos crímenes que a la par de profunda indignación, despiertan risas a nuestras muchachas guerrilleras, conocedoras de su absoluta falsedad.
Conocemos de la invaluable labor de periodistas y columnistas honestos, independientes, que enfrentan día a día la censura y las presiones de los medios de comunicación que nada tienen que ver con la cacarea da prensa libre. Indudablemente todos ellos han de jugar un papel clave en la construcción de un nuevo país, de una Colombia distinta, más justa, más incluyente y más democrática, como la que queremos todos. A los demás no está demás pedirles que por lo menos acepten que no todo lo del pobre es robado.
Montañas de Colombia, 15 de abril de 2012
http://www.semana.com/opinion/medias/173120-3.aspx
http://www.argenpress.info/2012/05/colombia-no-todo-lo-del-pobre-es-robado.html
